La Ley Europea de Protección Infantil, explicada: cómo podría cambiar Internet y los videojuegos

En septiembre, la Comisión Europea presentó la Ley Europea de Protección Infantil (EU Kids Act), una propuesta para proteger a los menores en Internet. Abarca las redes sociales, los chatbots de IA y los videojuegos. Entre las principales medidas figuran la verificación de edad, los controles parentales y las restricciones a las mecánicas de juego que animan a los menores a pasar demasiado tiempo en estos servicios. La propuesta aún no se ha aprobado, pero ya ha provocado una gran polémica. Ross Scott, fundador de Stop Killing Games, la calificó como la mayor amenaza a la que se ha enfrentado su movimiento, mientras que populares youtubers advirtieron de que podría «destruir» los videojuegos e Internet.

Esto también importa más allá de la Unión Europea. Los jugadores de todo el mundo podrían notar sus efectos, ya que a las empresas con una audiencia global quizá les resulte más fácil aplicar los cambios en todo el mundo que mantener normas distintas para cada región. Así que veamos qué propone realmente la EU Kids Act, cómo podría afectar a los juegos y servicios en línea y si ha llegado el momento de dar la voz de alarma.

Primero, repasemos las normas propuestas para las redes sociales, las plataformas de vídeo y los servicios de IA, según la información disponible a mediados de octubre. En la siguiente sección veremos qué podrían significar para los videojuegos. Las principales fuentes son la propuesta publicada por la Comisión Europea y su guía explicativa oficial, actualizada el 8 de octubre. La propuesta se encuentra en fase preparatoria en el Parlamento Europeo. El Parlamento y el Consejo de la UE aún deben acordar el texto.

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, impulsa la iniciativa. Su objetivo es establecer normas comunes para proteger a los menores en toda la UE. Algunos países ya están introduciendo sus propias restricciones de edad, lo que obliga a las plataformas a adaptarse a distintos requisitos. La EU Kids Act pretende adoptar la forma de un reglamento de la UE. Si se aprueba, sus disposiciones se aplicarían directamente en todos los Estados miembros. Von der Leyen también subraya que las propias plataformas deben demostrar que sus servicios son seguros para los menores:

Las directrices actuales de la UE sobre la protección de los menores ya incluyen algunas de estas medidas. Como explican los abogados en un análisis de Paul Hastings, la propuesta convertiría esas recomendaciones en requisitos vinculantes y complementaría la Ley de Servicios Digitales, la normativa vigente de la UE sobre servicios digitales.

Una de las propuestas más importantes es establecer un conjunto común de restricciones de edad para las redes sociales y las plataformas de vídeo en toda la UE. Se aplicarían a servicios con funciones que la Comisión considera arriesgadas para los menores, como las recomendaciones de contenido basadas en el comportamiento del usuario, el contacto con desconocidos o el desplazamiento infinito. Para estas plataformas, la propuesta establece las siguientes normas:

La propuesta incluye una excepción para las plataformas de vídeo diseñadas específicamente para niños pequeños. Los niños a partir de los tres años podrían acceder de forma limitada a través de la cuenta de un progenitor, también con un límite de una hora al día.

Las restricciones de edad son solo una parte de la propuesta. Las redes sociales y las plataformas de vídeo también tendrían que replantearse las funciones que mantienen a los menores pegados a la pantalla, como el desplazamiento infinito y la reproducción automática sin pausas, las notificaciones ajenas a las acciones del usuario y las recompensas por volver con regularidad. Además, las plataformas tendrían que establecer límites de tiempo para evitar que el uso de sus servicios interfiera con el sueño o las tareas escolares de los menores.

También cambiarían los sistemas de recomendación de contenido para menores:

La propuesta también plantea cambios en los ajustes de seguridad y en las normas que regulan el contacto con menores:

La propuesta prohibiría que los compañeros de IA y los chatbots de propósito general simulen relaciones de tal manera que puedan hacer que los menores dependan emocionalmente de ellos. También exigiría que las funciones de «memoria», que trasladan información de una conversación a otra, estuvieran desactivadas de forma predeterminada. Los desarrolladores tendrían que evaluar los posibles riesgos para los menores antes de lanzar estos servicios de IA.

Aunque seas adulto, la EU Kids Act podría afectarte. Los servicios tendrían que determinar quién puede acceder a las funciones sin las restricciones previstas para los menores. Ya no podrías registrarte en una plataforma con restricciones de edad introduciendo cualquier fecha de nacimiento. En su lugar, tendrías que utilizar un método certificado de verificación de edad. Según explica la Comisión Europea, los usuarios primero confirmarían su edad en una aplicación aparte, por ejemplo, con un documento de identidad electrónico, un pasaporte biométrico o una aplicación bancaria. La plataforma solo sabría si el usuario cumple el requisito de edad correspondiente. No recibiría su nombre, fecha de nacimiento ni una copia del pasaporte.

No todos los usuarios con una cuenta existente tendrían que volver a verificarse. La propuesta contempla excepciones si la plataforma puede determinar con un alto grado de confianza que el usuario tiene la edad suficiente. La Comisión propone tener en cuenta una combinación de factores, entre ellos cuándo se creó la cuenta y la información de pago.

Estas y muchas otras disposiciones de la EU Kids Act pueden resultar confusas, sobre todo porque algunas cuestiones siguen sin respuesta. Por ejemplo, todavía no está claro qué pruebas bastarían para determinar ese «alto grado de confianza» que permitiría a los titulares de cuentas existentes evitar una nueva verificación de edad.

Las autoridades reguladoras de la UE y de cada país aplicarían las normas. Las plataformas más grandes tendrían que elaborar planes de cumplimiento y pagar auditorías independientes. Las multas por infracciones podrían alcanzar el 6 % de la facturación anual mundial.

Los servicios de videojuegos, incluidos los juegos en línea, también tendrían que tener activadas de forma predeterminada las restricciones de protección infantil. Por tanto, los jugadores adultos tendrían que verificar su edad para acceder a todas las funciones.

Un detalle importante es que la definición de «juegos en línea» de la propuesta va mucho más allá de los títulos multijugador convencionales. Gamer’s Voice, la rama británica de Stop Killing Games, lo destaca en su informe actualizado en octubre. Según su interpretación, las normas podrían aplicarse incluso a algunos juegos para un jugador distribuidos en línea.

Los juegos también tendrían que ofrecer controles parentales para los menores de 13 años. Estos permitirían a los padres limitar el tiempo de juego, gestionar los ajustes de privacidad y comunicación de sus hijos e informar sobre contenido dañino o el comportamiento perjudicial de otros jugadores. Aún no se han definido los detalles de estas herramientas: falta aclarar los requisitos técnicos.

Para los menores, la propuesta también modificaría las normas de comunicación y restringiría las mecánicas que animan a los jugadores a volver con regularidad, como las recompensas diarias y la pérdida de bonificaciones por saltarse un día.

Otro cambio importante afectaría a las tiendas digitales y tendría un impacto más amplio en los clientes. Las tiendas tendrían que evaluar la edad de los usuarios e impedir que los menores compren o accedan a aplicaciones inadecuadas para su edad.

Vender a través de Steam o de otra tienda no eximiría a los proveedores de juegos de sus obligaciones de añadir funciones como controles parentales. Tanto la tienda como el proveedor del juego tendrían requisitos propios que cumplir. La verificación de edad de la tienda podría formar parte del sistema general, pero los requisitos de diseño de los juegos y de controles parentales seguirían vigentes.

Para los desarrolladores independientes, esto supondría más trabajo y costes más elevados. La propuesta no contempla una exención general para las empresas pequeñas. En su evaluación de impacto, la Comisión Europea reconoce que a los equipos pequeños les cuesta más cumplir estos requisitos porque disponen de menos recursos. Sin embargo, espera que las herramientas de terceros listas para usar alivien esa carga.

Los juegos antiguos plantean un problema aparte. No hay ninguna exención para los juegos que salieron hace mucho y cuyo desarrollo ya terminó. En su informe, Gamer’s Voice señala que añadir las funciones necesarias podría ser extremadamente difícil si el código fuente no está disponible y el equipo original ya no existe. Por ello, mantener estos juegos a la venta y ofrecerles soporte podría resultar menos rentable o presentar dificultades técnicas.

Quienes administran servidores de fans para juegos multijugador también podrían tener que cumplir nuevas obligaciones de protección infantil. La cuestión es cuáles de esos servidores entrarían en el ámbito de aplicación de la EU Kids Act. Según Gamer’s Voice, probablemente no se incluiría un servidor privado para amigos. En el caso de los servidores públicos que cobran a los usuarios, muestran anuncios o aceptan donaciones, la clave sería determinar si su funcionamiento constituye una actividad económica.

Por último, estos requisitos están vinculados a prestar servicios a usuarios de la UE, no al lugar donde esté radicado el desarrollador. Por tanto, las empresas de fuera de la UE también tendrían que tenerlos en cuenta si ofrecen sus juegos a jugadores europeos. Como señalé al principio, sus efectos podrían ir más allá de la región. Por ejemplo, si cerrara un servidor compartido por jugadores de varios países porque adaptarlo a las normas resultara demasiado difícil, los jugadores de fuera de la UE también perderían el acceso. Es un escenario hipotético, pero ilustra cómo la EU Kids Act podría afectar a jugadores de todo el mundo.

El 30 de septiembre, Ross Scott, creador del canal de YouTube Accursed Farms y fundador de Stop Killing Games, publicó un vídeo en el que criticaba la EU Kids Act. Su movimiento hace campaña para preservar el acceso a los juegos comprados una vez que termina el soporte. Ahora Scott teme que la propuesta eche por tierra ese trabajo. Al comienzo del vídeo, dice:

Scott recalca que no se opone a la idea de proteger a los niños de las redes sociales y los chatbots. Dice que, si la propuesta se hubiera quedado ahí, ni siquiera habría hecho el vídeo. Su problema son las disposiciones que afectan a los videojuegos y a los adultos. A su juicio, el énfasis en proteger a los niños está eclipsando los riesgos para los juegos y los usuarios adultos.

En primer lugar, cuestiona lo que considera una definición demasiado amplia de «juegos en línea». Según su interpretación, los requisitos podrían aplicarse prácticamente a todos los juegos distribuidos digitalmente, incluidos los títulos para un jugador. También plantea dudas sobre las copias físicas de juegos que se conectan a internet para descargar parches. A Scott le frustra que el documento dificulte distinguir un juego normal de un servicio regulado:

Una de sus principales preocupaciones es el futuro de los servidores gestionados por fans. Según la interpretación de Scott, sería ilegal mantenerlos en funcionamiento a menos que se actualizaran para cumplir los nuevos requisitos. Como ejemplo, menciona crear un servidor propio de Unreal Tournament o Minecraft . Cree que esto también podría poner en riesgo a los jugadores que mantienen vivos sus juegos favoritos cuando termina el soporte oficial.

A Scott también le preocupan los juegos antiguos: cree que las nuevas obligaciones se aplicarían incluso a títulos lanzados hace veinte años.

La verificación de edad también suscita preocupaciones sobre la privacidad para Scott. En el vídeo, habla de la necesidad de proporcionar información identificativa y recuerda que las empresas a las que se confían los datos de los usuarios sufren filtraciones de seguridad con regularidad.

Sus objeciones no terminan ahí. Scott menciona restricciones a las sesiones de juego de más de una hora y la obligación de bloquear las capturas de pantalla. También plantea la posibilidad de que haya problemas para las distribuciones de Linux si los requisitos para determinar la edad de los usuarios se extienden a los sistemas operativos. Considera que la falta de claridad del texto ya es preocupante por sí sola.

Scott prevé costes considerables y una larga lista de tareas adicionales para los desarrolladores. En su opinión, no bastaría con comprar una herramienta de verificación de edad ya preparada: los estudios tendrían que actualizar sus juegos y cumplir por su cuenta el resto de los requisitos. Las estimaciones que cita sitúan los costes en cientos de miles de dólares. Considera especialmente perjudicial que no haya una exención general para los equipos pequeños:

Scott cree que las grandes editoras podrán asumir los costes adicionales, mientras que ofrecer juegos a usuarios de la UE resultaría demasiado caro para los desarrolladores independientes. También apunta que una menor competencia de los indies podría beneficiar a las empresas más grandes.

Scott preferiría que se retirara la EU Kids Act. Si eso no fuera posible, propone al menos eximir a los juegos que no se explotan con fines lucrativos o que no recopilan datos personales. Cree que estas exenciones ayudarían a proteger a los pequeños desarrolladores y la posibilidad de seguir jugando a títulos en línea antiguos:

Otros YouTubers destacados también se han sumado al debate. Charlie White, conocido como MoistCr1TiKaL, abordó el tema en un vídeo titulado EU Trying to Destroy Gaming. Louis Rossmann, defensor del derecho a reparar, publicó EU kids act explained: how Europe plans to ruin the internet. En su vídeo analiza los videojuegos y las implicaciones de las verificaciones de edad para la privacidad, los usuarios anónimos y el acceso a los servicios en línea.

La organización de derechos Electronic Frontier Foundation también ha criticado la propuesta. En su análisis, EFF advierte que las barreras de edad podrían limitar el acceso a la información y socavar la privacidad de todos los usuarios. También sostiene que la falta de exenciones para las empresas pequeñas podría reforzar la posición de los gigantes tecnológicos.

Por último, la asociación del sector Video Games Europe advierte contra las verificaciones de edad generalizadas para juegos y jugadores. Insta a los responsables políticos a tener en cuenta el derecho de los niños a jugar y acceder a la cultura, además de su seguridad, y a vincular los requisitos a riesgos concretos.

Hay motivos para preocuparse, pero las afirmaciones más tajantes de los críticos no están del todo respaldadas. Las obligaciones adicionales para los servicios de videojuegos no implican automáticamente que se prohíban todos los servidores gestionados por fans. Tampoco parece que las medidas propuestas vayan a provocar el colapso total del desarrollo independiente en Europa.

Los autores del informe Gamer’s Voice mencionado anteriormente dicen explícitamente que sería exagerado afirmar que la propuesta criminaliza la preservación de videojuegos, prohíbe todos los servidores privados o exige comprobaciones de identidad en cada juego. Sin embargo, la organización sigue oponiéndose a la propuesta y la considera una amenaza para los pequeños desarrolladores y el patrimonio de los videojuegos.

Algunas de estas críticas se pueden contrastar directamente con el texto de la propuesta:

La propuesta no obliga a los usuarios a enviar documentos de identidad a los desarrolladores de videojuegos. Según explica la Comisión Europea, los juegos y sitios web solo recibirían información sobre si el usuario cumple el requisito de edad correspondiente.

Pero siguen existiendo riesgos de filtraciones de datos y errores de verificación, además de dificultades para quienes no pueden demostrar su edad. EFF ha expresado su preocupación por la privacidad y el acceso a internet.

Los críticos estiman que cumplir la EU Kids Act podría costar cientos de miles de dólares, pero esas cifras son aproximaciones. Aún no está claro cuánto tendrían que gastar realmente los estudios.

Primero, los desarrolladores tendrían que incorporar las nuevas funciones a sus juegos y, después, mantenerlas. La Comisión Europea prevé que los costes disminuyan considerablemente una vez realizados los cambios iniciales. Ross Scott teme que los desarrolladores sigan teniendo que gastar grandes sumas cada año. Por tanto, la cuestión no es solo cuánto costaría actualizar un juego, sino también cuánto costaría mantenerlo de forma continua.

Aún no hay una ley definitiva. A mediados de octubre, la EU Kids Act se encontraba en fase preparatoria en el Parlamento Europeo. La Comisión Europea también acepta comentarios sobre la propuesta hasta el 3 de diciembre.

A continuación, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los Estados miembros, tendrán que examinar la propuesta. Ambos pueden proponer enmiendas y deben acordar el mismo texto. Como deja claro la explicación del procedimiento legislativo , la legislación no puede aprobarse sin ese acuerdo. No es necesario que la propuesta pase por las tres lecturas: las dos instituciones pueden llegar a un acuerdo antes.

La versión definitiva podría diferir sustancialmente del borrador actual. Los legisladores podrían aclarar qué juegos y servidores están incluidos, añadir exenciones, modificar las obligaciones o ajustar el plazo para cumplirlas. Pero no hay garantía de que se suavicen las disposiciones controvertidas: las normas definitivas también podrían ser más estrictas.

Según la propuesta actual, la mayoría de los requisitos entrarían en vigor seis meses después de que el reglamento comenzara a aplicarse.

Hay buenos motivos para seguir de cerca la Ley de Protección Digital de Menores de la UE y cuestionar sus disposiciones controvertidas o ambiguas. Sin embargo, conviene tomar con cautela las afirmaciones de que se prohibirán todos los servidores privados o de que el mercado europeo de videojuegos se vendrá abajo. El alcance del impacto dependerá del texto definitivo, de los requisitos de implementación y de lo viable que resulte para los desarrolladores cumplirlos.

¿Qué opina? ¿Estaría dispuesto a verificar su edad en videojuegos y redes sociales para proteger a los menores? ¿O estos controles causarían demasiados problemas? Cuéntenos qué piensa en los comentarios.

Respuestas rápidas sobre las normas propuestas y lo que podrían suponer para los usuarios.

Es una propuesta de la Comisión Europea para proteger a los menores en internet, presentada en septiembre de 2026. A mediados de octubre aún no se había aprobado. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben acordar el texto definitivo, así que las disposiciones objeto de controversia todavía podrían cambiar.

En las redes sociales y plataformas de vídeo contempladas por estas normas, los menores de 13 años no podrían tener cuentas propias. Los usuarios de 13 y 14 años tendrían cuentas restringidas creadas por sus padres. A partir de los 15 años, podrían registrarse por su cuenta, pero se mantendrían activados los ajustes de protección hasta que cumplieran 18.

Los desarrolladores tendrían que evitar simular relaciones que pudieran generar dependencia emocional del chatbot en un menor. La función de «memoria» de conversaciones anteriores tendría que estar desactivada por defecto. Estos servicios de IA deberían evaluarse para detectar riesgos para los menores antes de su lanzamiento.

No. Según el sistema propuesto, los usuarios verificarían su edad mediante una herramienta independiente y el servicio solo sabría si cumplen el requisito de edad correspondiente. No tendrían que enviarle una copia del pasaporte, su nombre ni su fecha de nacimiento. Algunos usuarios con cuentas existentes podrían no tener que volver a verificar su edad si la plataforma ya tiene suficiente certeza sobre ella.

No necesariamente. La definición de juegos en línea de la propuesta es lo bastante amplia como para abarcar potencialmente títulos para un jugador distribuidos por internet. Los criterios aún no están claros.

La propuesta no establece un límite general de una hora diaria para los videojuegos. Sí propone un límite de ese tipo para determinadas formas de acceso a redes sociales y plataformas de vídeo por parte de menores. En los juegos, los padres podrían fijar sus propios límites de tiempo para sus hijos.

No hay una prohibición general. Según Gamer’s Voice, un servidor privado para amigos o familiares podría quedar fuera del ámbito de las normas. Los servidores públicos plantean más dudas: la cuestión clave es si gestionarlos se considera una actividad económica.

La propuesta no contempla una exención general para los equipos pequeños ni para los juegos antiguos. Los desarrolladores independientes disponen de menos recursos para implementar y mantener las funciones exigidas, mientras que un juego antiguo quizá ya no cuente con un equipo de desarrollo activo ni con acceso al código fuente.

Sí, pero eso no significa que las normas europeas vayan a ser obligatorias automáticamente en todo el mundo. Los requisitos se aplicarían a las empresas que presten los servicios correspondientes a usuarios de la UE. Si una empresa decide aplicar las mismas funciones y ajustes en todas las regiones, los usuarios de otros lugares también notarán los cambios.